Cuando hablamos de inclusión laboral, normalmente lo relacionamos con las oportunidades de participación y desarrollo profesional que se le dan a las personas que viven con algún grado de discapacidad. Sin embargo, en nuestro país el desafío por incorporar a las mujeres y extranjeros está más vigente que nunca.
De acuerdo a cifras entregadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), nuestro país presenta una alarmante realidad. De toda la población de mujeres chilenas, solo el 48,5% participa de manera activa en el mercado laboral y cerca de un 30% se desempeña de manera informal, en trabajos que se conocen como subempleo.
Así, nuestro país se ubica varios puestos más atrás de los estándares de otras naciones OCDE, donde existe una participación promedio del 61% de las mujeres el mundo laboral.
De acuerdo a diversos estudios, una de las principales barreras para la participación de las mujeres en el mundo laboral tiene relación directa con la familia y la maternidad. Durante el 2017, la OCDE publicó un estudio en el que se consigna que Chile es uno de los países más desiguales en términos de remuneraciones, con una brecha cercana al 21% frente a un 14,3% del resto de los países de la organización.
El Centro de Estudios Públicos (CEP) durante 2018 presentó un estudio en el que se consigna la relación Maternidad-Trabajo y los efectos que tiene tanto una maternidad temprana en el desarrollo laboral, como la postergación de la llegada de los hijos en pos de una carrera profesional.
En el estudio se detecta que el acceso a beneficios de sala cuna, la flexibilidad de jornadas o la posibilidad de que los padres también puedan participar del cuidado y crianza de los hijos son claves al momento de entender el bajo porcentaje de participación femenina. Sin embargo también existe un factor económico, ya que muchos de estos beneficios están asociados a costos que algunas organizaciones no están dispuestos a asumir.
La realidad del trabajo migrante
Por su parte, en nuestro país la población migrante corresponde al 5,9% del total de habitantes, quienes a su vez representan a un 8,8% del total de la fuerza laboral chilena. Se estima que los trabajadores extranjeros provienen mayoritariamente de países como Perú, Colombia y Venezuela y se desempeñan principalmente en el área del subempleo o trabajos informales.
De acuerdo a un estudio elaborado por el Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales de la Pontificia Universidad Católica (CLAPES UC) publicado en julio de 2018, uno de los principales desafíos que tiene Chile frente a otros países OCDE en materia de integración de inmigrantes al mundo laboral, son las barreras de entrada que se le presentan a quienes llegan a nuestro país buscando nuevas oportunidades.
Algunas de estas barreras incluyen la dificultad para la validación de títulos profesionales provenientes del extranjero, la brecha cultural e idiomática que muchos inmigrantes presentan, y otras limitantes como lo que aparece en el Artículo 19 del Código del Trabajo, donde se establecen límites para la contratación de colaboradores extranjeros, quienes no pueden ser más que el 15% del total de trabajadores.
Sin embargo, existen varios beneficios asociados a la incorporación de trabajadores extranjeros, muy a pesar de la idea de que “nos vienen a quitar el trabajo”. Gracias a la participación de trabajadores inmigrantes, la economía del país potencia su crecimiento a través de un aumento en la productividad y en los capitales físicos y humanos.
Debemos recordar que nuestro país está viviendo un proceso de envejecimiento de la población, lo que repercute de manera negativa en nuestro desarrollo económico. El desafío tanto de colaboradores y empresas es a flexibilizar la vida laboral, para hacerla compatible con aquellas mujeres que estando capacitadas para trabajar optan por la maternidad, pues encuentran barreras u obstáculos para que trabajo y familia logren congeniar.
De la misma forma nuestro país debe capitalizar de la mejor manera posible la incorporación de trabajadores extranjeros, ofreciendo acompañamiento y garantías para que aquellos que cumplen con los requisitos para vivir y desarrollarse en nuestro país, lo hagan de manera segura y justa.